Abstract
This article examined the discrepancy between human rights discourse and the extant policies issued to protect the Peruvian police in scenarios of high social tension, based on the events that occurred between 2022 and 2023. The research was conducted under a qualitative approach, with an instrumental single case study design of an exploratory-descriptive nature. The voices of eight officers deployed in critical locations such as Puno, Ayacucho, Apurímac, Cuzco, Puerto Maldonado, Huancayo, and Lima were gathered through semi-structured interviews aimed at exploring the daily experience of each officer. The accounts revealed a shortage of riot control equipment, ambiguous operational orders, and uncertain legal backing. The prevailing legislation, far from being a shield, is described as a vacuous symbol and is deemed incapable of providing real protection. Among the suggestions, the provision of timely legal assistance, access to specialized medical care, and reforms to ensure dignified and safe conditions stand out. The conclusion indicates that the formal recognition of the human rights of police officers faces a structural obstacle, which jeopardizes personnel integrity and, consequently, state credibility in public order control situations.
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